Hace dos
años, y en base a un consenso-expréss entre Zapatero y Rajoy sobre la llamada
“Ley de Cajas”, se llevó a cabo la primera fusión de Cajas de Ahorro, las
llamadas “fusiones frías”, y allá volaron 10.189 millones de euros del
FROB (Informe de Situación del Banco de España, 29-06-10) , créditos
con dinero público que, sumados a los 2.300 millones del fondo para sanear Caja
Sur (Arzobispado de Córdoba) y los 3.375 millones destinados por el Fondo de
Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla-La Mancha, dieron
un montante inicial de 16.264 millones de euros, destinados básicamente al
proceso de saneamiento de balances, cierre de oficinas y destrucción masiva de
empleo en el sector (inicialmente, con un objetivo de supresión de 30.000
puestos de trabajo).
Aquellos
10.189 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), eran
créditos que en teoría tenían que devolver al 7,75% de interés. De
esa cantidad, 4.464 fueron a parar a la fusión que dio origen a Bankia. La
parte del león, fue dedicada casualmente
a la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja, dos entidades donde ya entonces
se podía constatar el reparto de cargos con altos sueldos, entre políticos del
PP y sus familiares, todo un fabuloso ejercicio de nepotismo y muy poca
vergüenza, al que cabe añadir la gestión delictiva de los gestores, que antes
presumíamos, pero que ahora constatamos.
El pasado
9 de mayo, el Banco de España comunicaba que el FROB ejecutaba la convertibilidad
en acciones de los 4.464 millones de euros, con lo que el Estado se hacía con
la propiedad del 45% de la entidad. Eso suponía, de hecho, la nacionalización
de Bankia. Es decir: primero, a los ciudadanos
se nos hace adquirir, de manera tramposa, unos activos altamente
tóxicos, los créditos FROB, para después pasar a ser directamente propietarios
de una empresa privada arruinada.
Una vez
dimitido Rodrigo Rato y todo su equipo de sueldos multimillonarios, viene el
nuevo gestor de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (aquel que tiene reservados
para su jubilación del BBVA, 52 millones y medio de euros) y viene a reclamar a
fondo perdido otros 19.000 millones de euros que, sumados a la cantidad
anterior, supone un desvío de 23.464 millones de euros de todos los ciudadanos y
ciudadanas (500 euros por habitante del Estado español) para adquirir
una entidad privada hundida por la codicia, la mala gestión y la presunción de
graves delitos, sin que se tengan noticias del procesamiento de los
responsables, ni del retorno de los fondos substraídos.
Ante este
robo escandaloso a la ciudadanía, que lo está pagando a base de paro, empobrecimiento,
recortes, pérdida de derechos, privatización de servicios y bienes públicos,
que ha servido para engrosar el botín de esta presunta banda de irresponsables
instalada en la propia entidad, y ante la presunción de que el caso de Bankia
no será el único (el propio Banco de España calcula que el total de activos
tóxicos en las entidades puede llegar a los 184.000 millones de euros, un 18%
del PIB, casi 4000 euros por habitante), la Federación de
Servicios Financieros de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) exige:
1.
La investigación en profundidad, imparcial e independiente de los hechos que han
provocado los agujeros negros, de dimensiones históricas, en las entidades
financieras.
2.
El procesamiento de los
gestores responsables de estos hechos, desde
las antiguas Caja de Madrid y Bancaja, y posteriormente de Bankia, con
devolución de las cantidades substraídas, embargo de los bienes de su
patrimonio personal para tal fin, y anulación de todos los sueldos millonarios
de los directivos.
3.
Investigación y, en su
caso, procesamiento de los responsables del
organismo supervisor, el Banco de España, comenzando por todavía gobernador
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su conducta negligente y/o cómplice del
fabuloso desfalco al erario público que se ha llevado a cabo.
4.
Dimisión del ministro De
Guindos, antiguo ejecutivo para España y
Portugal de Lehman Brothers (banco norteamericano que quebró en 2008 por las
hipotecas basura), por su responsabilidad al traspasar ese enorme agujero de
pérdidas privadas al sector público.
5.
El cese de los recortes
en servicios sociales, educación y sanidad.
La crisis de Bankia demuestra que ya que es posible, al parecer, tapar
semejante agujero, también es posible mantener y mejorar los servicios
públicos, especialmente en sanidad, educación y protección social. Hay que
decir que el agujero que nos tocará tapar en Bankia supone más del doble de la
suma de los recortes en sanidad y educación, que el Gobierno de Rajoy está
llevando a cabo.
6.
La creación de unos
servicios financieros de carácter público,
prácticas éticas y control democrático, al servicio de los derechos de la
población trabajadora, del cooperativismo y de la economía productiva. Esta
necesidad social urgente, para acabar con la rapiña que caracteriza a la banca
privada en régimen de monopolio, nada tiene que ver con las fórmulas empleadas
en la nacionalización de Bankia, aplicadas con la intención de sanear la
entidad con dinero público, para después venderla a la banca privada. La banca
pública que reclamamos, por el contrario, es la vía imprescindible para romper
con las reglas de la especulación capitalista, y de sus gestores que están
llevando, a pasos acelerados, al conjunto de la sociedad hacia el precipicio.
7.
El mantenimiento del
empleo en el Sector, sin pérdidas de derechos,
y la integración de las oficinas de las Cajas de Ahorros en la red pública de
servicios financieros.
4 de Junio de 2012
